Tijuana, paraíso del cristal, cero sentencias por narcomenudeo en años.

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Presupuestos bajos, incapacidad policial, investigaciones deficientes, juzgados sobresaturados en el combate al narcomenudeo en Tijuana están devolviendo a miles de acusados a las calles de esta frontera, la más mortal del país debido a la venta de drogas.

Estas omisiones provocaron que, de junio de 2016 a mediados de 2019, ya con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se lograra dejar en prisión a nadie por el delito de comercio de drogas al menudeo. Los datos hablan solos: de más de 12 mil detenidos en este periodo, solo hubo 182 sentencias y fueron únicamente por posesión.

El día que Federico compareció en la sala 4 del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California tenía a su lado únicamente a un abogado de oficio. Tácitamente aceptó la acusación de la policía de Tijuana: llevaba 91 envoltorios de droga.

La denuncia de una mujer en la colonia zona norte de Tijuana – un distrito ubicado a unos pasos de la frontera con San Diego, California, y conocido por su oferta de bares, prostitución, venta de droga y alto número de homicidios- fue lo que llevó a su detención, según consta en el informe policiaco del día de su arresto.

Delgado y con la cabeza casi rapada, el trabajador de una de las miles de fábricas de esta frontera se mantuvo callado y atento durante la audiencia. Respondió con timidez cuando le preguntaron si entendía su situación. Ese día parecía haberse acicalado para su presentación ante la jueza.

Y aunque los 36 gramos de metanfetamina que llevaba estaban muy por encima de los 40 miligramos que permite la Ley General de Salud para consumo personal, la Fiscalía no presentó elementos suficientes para comprobar que este joven se dedicaba a la venta de estupefacientes.

El resultado: dos días después estaba libre porque acordó no usar drogas, mantener un empleo y estar localizable.

La fiscalía y la policía auguraron dos escenarios: Federico regresaría a las filas del narcomenudeo y probablemente lo asesinarían. La sentencia de muerte se cumplió.

La historia de Federico se repite sistemáticamente en las salas del Poder Judicial en Baja California: presuntos narcomenudistas entran y salen sin sanciones severas por la droga que les encuentran, llevando a Tijuana a una espiral de violencia que parece no tener fin, según datos de la Fiscalía.

“Podemos decir con toda precisión que la gran mayoría de las muertes están relacionadas con el tema de narcomenudeo, y por supuesto que va de la mano el tema del homicidio con el comercio de drogas”, asegura Jorge Álvarez Mendoza, fiscal regional.

A pesar de esta relación, en la ciudad de Tijuana ningún juez concretó una sentencia por distribución de estupefacientes en los primeros tres años de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con datos entregados vía transparencia a Tijuanapress.com.

Esto ocurrió al mismo tiempo que el municipio se posicionó como el más violento del país con más de seis mil homicidios de 2016 a 2019, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Alfonso Durazo, secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal, confirmó este escenario justo al cierre del 2019.

“De los municipios que tienen más homicidios dolosos, en cifras absolutas, Tijuana tiene el mayor número”, afirmó durante la conferencia matutina que da todos los días el presidente de México.

Así, este municipio está por encima de Cd. Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; León, Guanajuato, y Culiacán, Sinaloa.

En noviembre de 2019 llegó a Baja California el cambio de poder. El partido Morena sustituyó al PAN en la administración del estado y entre sus principales promesas de campaña la seguridad fue prioridad.

En años pasados los panistas intentaron enfrentar el problema advirtiendo al tribunal de las detenciones previas del imputado. En varias ocasiones ponían a disposición del juez a la misma persona hasta ocho veces, afirma Jorge Álvarez. Pero los intentos para acabar con esto no fueron suficientes.

La nueva administración Morenista plantea cambios para hacerle frente a esta problemática que ha llevado al estado a tener la ciudad más violenta del país. Lo primero fue que la unidad contra el narcomenudeo se convirtió en fiscalía especializada.

En los últimos tres meses se registraron media docena de audiencias por delitos contra la salud en su modalidad de comercio, pero medir realmente si la impunidad en estos casos ha disminuido es imposible. El nuevo fiscal central, Hirám Sánchez, aseguró que acabarán con el divorcio entre la policía y el ministerio público para lograr más vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.

Pero este cambio para muchos llegó tarde. El 27 de diciembre de 2019, Federico tenía que presentarse a su examen antidoping. Su registro quedó vació. Lo encontraron sin vida en lo que las autoridades presumen es un “picadero”, un lugar donde los adictos se reúnen para drogarse.

El 21 de diciembre, seis días antes de su presentación, lo asesinaron a golpes en una colonia contigua a su domicilio, según el reporte de la Fiscalía. Su mamá identificó el cadáver.

Una prueba de que en Tijuana el crimen es mucho más rápido que la justicia.

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