La CNDH manifiesta que la tortura es de orden Federal y no del Estado

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“No se trata de que se elimine el delito de tortura en el estado, sino que se juzgue ante la autoridad competente”, afirmó el diputado Gerardo López Montes.

Mexicali, 1 de julio 2020.)- Acatando el ordenamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el 23 de abril del 2020 resolviendo a favor la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el expediente 57/2018, demandando la invalidez del artículo 293 fracción X del Código Penal para el Estado de Baja California, que incluye el delito de tortura.

El legislador de la fracción parlamentaria de la Revolución Democrática, Gerardo López Montes, hace un llamado desde su escaño para que el Estado de Baja California retire de su catálogo de delitos diversos artículos donde se incluyeron dentro del tipo penal de abuso de autoridad, aspectos relacionados con el delito de la tortura por ser de carácter federal y no estatal.

Ante las reacciones negativas que generó la iniciativa en los medios de comunicación, el diputado, López Montes, aclaró que el 8 de junio de 2018 se publicó en Periódico Oficial del Estado (POE) la reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, en el DECRETO NÚMERO 242, donde se incluyó la tortura.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD con expediente 57/2018, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 293 FRACCIÓN X DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Dando como resultado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera el día 23 de abril de 2020 procedente y fundada la presente Acción de inconstitucionalidad, por lo que declaró la invalidez del mencionado artículo.

En consecuencia se menciona que los artículos 289 BIS, 307 BIS Y 307 TER, del mencionado código, surtirá sus efectos retroactivos a partir de la notificación de la sentencia al congreso del estado de Baja California, que fue el 3 de junio del 2020.

Gera López, mencionó que: la derogación se tuvo que legislar desde el día siguiente de la notificación, por lo que es de extrañarse como si pudieron publicar la REFORMA a la reelección sin dejar el cargo de un día al otro, y esta otra reforma tiene más de un mes, generando con ello, un estado de desacato y de incertidumbre hacia los actos de autoridad.

“La intención es evitar que en estos momentos a una persona se le siga un procedimiento y después no obtenga una justicia correcta porque el delito fue eliminado del catálogo en Baja California”, afirmó el diputado Gerardo López Montes.

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