“El caso Ayotzinapa, como todos los hechos emblemáticos de violación de los derechos humanos, se ha convertido en catalizador y síntesis de un malestar generalizado de la población contra los aparatos de justicia”.
Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes. Eran miembros de una normal rural caracterizada por su sensibilidad y fuerte demanda ante la situación de injusticia de una de las zonas más depauperadas del país, el estado de Guerrero.
La historia de la región exige un comentario, aunque se breve, para contextualizar al estado de Guerrero como una provincia de gran conflicto, pobreza y polarización social. En los sesenta, Guerrero se convirtió en una referencia simbólica de la movilización popular y punto del cual surgieron algunos de los actores centrales de los conflictos de los siguientes lustros (antes de Ayotzinapa fue famosa la matanza de varios campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995). Ello explica la fuerza de sus movimientos populares, los brotes guerrilleros en la zona, y las centenas de desaparecidos políticos durante los setenta.
Con frecuencia, ante hechos de extrema violencia que conmocionan a México, uno de los argumentos de la autoridad es deslindarse de la violencia y atribuirla a choques entre grupos criminales, como si el Estado nada tuviera que ver con la violencia misma, sus condiciones y efectos. La versión oficial de los hechos de Ayotzinapa, dada un año después, fue que las autoridades locales de la ciudad de Iguala (José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda tenían vínculos con el grupo “Guerrero Unidos”). En esa versión la policía abrió fuego porque Abarca y Pineda pensaban que los estudiantes querían interrumpirlos. Luego de encontrarse días después fosas con restos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que los estudiantes habían sido incinerados.
El gobierno de Peña Nieto pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le diera asistencia técnica y formulara algunas recomendaciones al estado mexicano sobre esta y las más de 34,000 desapariciones oficiales. Se formó para ello el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –compuesto por los abogados colombianos Ángel M. Buitrago y Alejandro Valencia, la ex fiscal de Guatemala Claudia Paz, el bogado chileno Francisco Cox y el médico español Carlos M. Beristain– que durante 2015 trabajó para recopilar información sobre el caso Ayotzinapa. Como los resultados no coincidían con la “verdad histórica” que el gobierno de Peña Nieto dio en abril de 2015, la relación ente el gobierno y el GIEI se tensó, al grado de que a mediados de 2016 no se les renovó el permiso de estancia en el país. Aparte de las diferencias interpretativas, el GIEI denunció que el gobierno no les permitía acceso a la información.
Entre los puntos de mayor diferencia están la presunta incineración de estudiantes por parte de un grupo criminal al haber confundido a los estudiantes, de lo que el GIEI concluyó no existían pruebas contundentes. Durante su estancia en México, el GIEI señaló que había evidencias que no estaban en los expedientes oficiales, o bien que algunas presuntas “confesiones” de responsables se habían obtenido mediante tortura. De manera adicional en 2017 se filtró que el gobierno mexicano había adquirido un software para “espiar” a distintos líderes sociales, periodistas (como el caso de la conocida Carmen Aristegui, ¡y a su hijo!), así como a integrantes del GIEI.
El caso Ayotzinapa, como todos los hechos emblemáticos de violación de los derechos humanos, se ha convertido en catalizador y síntesis de un malestar generalizado de la población contra los aparatos de justicia, el raquítico sistema de procuración de justicia, la colusión entre autoridades (policías municipales) con delincuentes, la denodada política punitiva contra las drogas y la tendencia a criminalizar a estudiantes y movimientos sociales. Todo ello dentro de un clima que no puede ser más adverso y que explica entre otros factores los bajos niveles de aprobación del actual gobierno y su derrota en las pasadas elecciones de julio.
Tras las reuniones que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido con víctimas de la violencia, existe un ánimo distinto respecto a la posibilidad de saber qué pasó en realidad con los estudiantes desaparecidos. Además, que se ha considerado la posibilidad de que regresen a México los integrantes del GEIE. Este miércoles 26 de septiembre, al momento de escribir estas líneas, se lleva acabo una reunión del candidato electo con las victimas de Ayotzinapa, en lo que puede abrir una puerta para saber del paradero de los 43 estudiantes, y con ello abonar al sensible tema de la justicia, sujeta hoy a una desconfianza que es también un signo del estado de deterioro que existe en las relaciones entre las autoridades, la sociedad y las víctimas.
Fuente: Univision Noticias
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