Hace poco hubo una manifestación frente a las puertas del palacio municipal de la ciudad donde un conjunto de familiares y colectivos de búsqueda de desaparecidos reclamaban a la alcaldesa, entre otras cosas, abrir los ojos frente a los casos de desapariciones en Tijuana.
La ira de los familiares y colectivos se desató a partir de la difusión en las redes sociales de una declaración que se le imputaba a la alcaldesa: “en Tijuana no hay desaparecidos”.
Poco tiempo después de haberse plantado en torno al edificio de gobierno, los manifestantes irrumpieron al interior del recinto donde guardias de seguridad intentaron contenerlos; hubo empujones y vituperios hasta que fueron recibidos por la alcaldesa para iniciar un diálogo y esclarecer la circunstancia.
La información parecía haber sido tergiversada: la presidenta municipal declaró que se refería en realidad a los casos específicos de personas que habían estado siendo desparecidas tras salir de bares y clubes nocturnos en Mexicali recientemente.
En suma: El asunto terminó con la disipación del equívoco, la disculpa de la alcaldesa, la promesa de implementar una serie de estrategias para frenar la inseguridad, y un litúrgico etcétera.
Según la comisión nacional de desaparecidos, hoy día la cifra asciende a más de 100,000 personas no localizadas y desaparecidas.
La cantidad alarmante de desaparecidos en el país es un síntoma de la falta de capacidad administrativa que ha mostrado el estado para impartir justicia.
El hecho de que haya tantos desaparecidos sugiere la idea de que el estado ha abandonado ciertas funciones que conciernen a su responsabilidad fundamental como ordenador de la vida pública: la procuración y la impartición de justicia.
La ineficiencia del estado para procurar e impartir justicia —es decir, para encontrar y juzgar, para prevenir y actuar, para asistir y resolver— hunde sus raíces en una diversidad de factores.
La mayoría tienen que ver con su incapacidad institucional para procesar judicialmente el fenómeno de los desaparecidos que ha rebasado la competencia del estado y que ha movilizado colectivos de madres y familiares de las víctimas que han rezurcido muchas de las zonas que el estado en principio debería cubrir como garante de la paz social y la seguridad pública.
Son frecuentes los casos donde el aparato de justicia opera como una puerta giratoria para los criminales y detenidos que entran al ministerio público para salir de inmediato y sin ninguna consecuencia. La respuesta del estado frente al fenómeno de los desaparecidos ha sido una respuesta balbuciente y en este caso esclarecedora: “en Tijuana hay desaparecidos, pero no tantos como en Mexicali”.
Dante Pérez
Mayo de 2023
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