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Expediente Político…

Por: Alfredo Calva

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La principal obligación del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid y de la presidente municipal de Playas de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, en un sistema democrático, es el de garantizar los derechos enmarcados en los ordenamientos constitucionales y legales a todos sus gobernados, entre ellos, la libertad de manifestarse y de libre tránsito.

Sin embargo, el pasado viernes 23 de Marzo, Vega de Lamadrid, suprimió estos derechos a un grupo de ciudadanos del quinto municipio que protestaban en contra de él y de su ambicioso deseo de construir una planta desaladora en la demarcación, a través de los elementos de sus corporaciones, policía estatal preventiva y ministerial, así como personal administrativo como el subsecretario de gobierno de Tijuana, Enrique Méndez y el delegado de la Secretaria General de Gobierno en Rosarito, Silvano Abarca Macklis.

Lo anterior, con la complacencia y apoyo de la primer edil rosaritense, quien en los últimos días ha sido duramente cuestionada por sus gobernados por la opacidad y doble discurso con la que se ha conducido respecto a la construcción de la planta desaladora y lo referente al otorgamiento de los permisos de Uso de Suelo y Construcción que requiere la empresa para edificar la planta y que ella hasta el momento sostiene que no los ha entregado.

La inconformidad de los ciudadanos generada por una obra que no quieren que se construya en su municipio por los daños al medio ambiente y la deuda que les causará, deciden llevarla a las calles al enterarse que el gobierno de Kiko Vega, programa y prepara la ceremonia de colocación de la primer piedra de la desaladora, lo que va en contra sentido a lo asegurado por la edil rosaritense, sobre que la empresa responsable de la construcción no cuenta con las anuencias respectivas para la ejecución de la obra.

Por esta razón, la intención de los manifestantes era la de llegar al sitio donde se encuentra el predio en el que se pretende construir la desaladora para entregar un documento al titular del ejecutivo estatal, en el que le dan a conocer al gobernador su repudio a la obra y las razones de ello.

Sin embargo, su deseo fue frustrado por los elementos de las policía estatal preventiva y ministerial, con apoyo de integrantes de la policía municipal de Rosarito, quienes siguiendo instrucciones en una acción arbitraria, de represión y de clara intención de utilizar la violencia en contra de los manifestantes a la menor provocación -pretexto que no les dieron los inconformes-, bloquearon las calles de acceso al lugar negándoles el paso y coartando su derecho al libre tránsito, con las obvias molestias también para quienes residen en esas áreas.

Conculcar los derechos de los ciudadanos es generalmente la etapa en la que desembocan los gobiernos ineficaces, poco transparentes y con fétidos aromas de corrupción, como los de Vega de Lamadrid y Mirna Rincón, que son rebasados por las exigencias de los gobernados que se hartan de la ineptitud y descarada complicidad con la que laceran la calidad de vida de los ciudadanos, mientras ellos y sus preferidos se benefician de las arcas y programas de gobierno, y por el desaseo con que conducen la administración.

La planta desaladora es una obra concebida desde las entrañas del gobierno de Francisco Vega desde el arribo de su administración, planeada y ejecutada para el beneficio de funcionarios y empresarios por un lapso de 37 años, con cargo a los bolsillos de los bajacalifornianos, simulando una asociación entre el gobierno estatal y un consorcio de empresas que solo son la pantalla de lo que, si los rosaritenses lo permiten y se dejan, el mejor negocio del sexenio, y por mucho.

Este asunto apenas inicia, la resistencia opositora a la construcción de la planta desaladora ira en aumento, la ciudadanía no vio con agrado las acciones de represión a  los manifestantes, en las que apoyó con elementos de la policía municipal Rincón Vargas, su imagen, credibilidad y confianza se encuentra en el suelo, ya que después del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum alias ¨El Patas¨, es la peor evaluada de los acaldes en la entidad.

La historia continuará.

Y mientras tanto….

Que tan honorables y confiables serán los socios de la empresa a la que se le entrego el contrato de construcción de la desaladora, que hasta entre ellos se defraudan.